La Comisión de Prevención de
Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara aprobó el proyecto de
la diputada, Adriana Puiggrós (FpV), que propone la creación del
“Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos
dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación,
rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El proyecto que propone la creación Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones fue tratado el pasado jueves en la comisión de Prevención de las adicciones y control del narcotráfico, que preside el diputado Fabián Peralta (GEN).
La propuesta perteneciente a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós y que acompañan Adela Segarra, Mónica Damilano Grivarello y María Pilatti Vergara del Frente para la Victoria, establece en su artículo 1, crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El registro, según se establece en el proyecto de ley, tiene la función de “Llevar en forma actualizada el registro de instituciones Centros y Establecimientos dedicados al Diagnóstico, Deshabituación, Desintoxicación, Rehabilitación y Prevención de las adicciones, que hayan sido debidamente habilitadas para funcionar por las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus organismos competentes”.
También entre estas funciones figura la de “efectuar el contralor del cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley, imponiendo las sanciones que correspondan en razón del incumplimiento de la misma, las que serán establecidas por la Reglamentación” como además “efectuar la supervisión periódica de las entidades registradas para verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para su habilitación, según lo establezca la Reglamentación correspondiente a la presente Ley”.
El proyecto de Puiggrós estipula que otra de las tareas que deberá realizar es la de “efectuar un relevamiento de los recursos existentes en cada jurisdicción en materia de prevención y asistencia de las adicciones, a fin de articular y vehiculizar estrategias que alcancen las necesidades de todo el territorio nacional”, detalla.
Entre los objetivos de proyecto se plantea: "Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional; Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.
Por otra parte, también se tiene como fin “promover la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización; Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones y Asegurar la calidad de las prestaciones;
Del porqué de la creación de un Registro
El acceso a la salud entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad" es un derecho constitucional y por lo tanto su servicio es una atribución indelegable del Estado Nacional. Argentina considera el derecho a la salud como un bien jurídico social que está consagrado en Pactos y Tratados Internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En los fundamentos del proyecto de Puiggrós, se sostienen que “por estos motivos, el Estado debe garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y cuando hablamos de salud, estamos incluyendo, por supuesto, los problemas relacionados con las adicciones” y agrega que “es por ello que creemos en la necesidad de que sea el Ministerio de Salud de la Nación el que tenga a su cargo la registración, fiscalización y control de todas aquellas instituciones que se ocupen de la problemática de las adicciones, sean estas de gestión estatal o privada”.
Según los argumentos sostenidos en la fundamentación del Proyecto de Ley, en la actualidad “el organismo del Estado Nacional que tiene directa responsabilidad en esta temática es la SEDRONAR (Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Esta tiene a su cargo la conformación y actualización permanente de un registro de establecimientos e instituciones estatales y privadas, especializados en brindar orientación, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción familiar y social, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Todas las instituciones prestadoras deben ser regular y periódicamente supervisadas por los profesionales integrantes del Programa de Auditoria, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada, reciba el tratamiento indicado tal cual lo establecen las normativas vigentes. Cuando hablamos de instituciones estamos haciendo referencia a clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y hospitales de día y mediodía.
Puiggrós en su proyecto de ley, sostiene que “nos estamos refiriendo a clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas que si bien son privadas, están en condiciones para brindar asistencia a las personas que carecen de recursos, subsidiadas por el Estado. Esto no implica la posibilidad de que existan otro tipo de instituciones que desde el ámbito exclusivamente privado se dediquen al tratamiento de las adicciones”.
“El problema con el que nos enfrentamos tal cual están planteadas las cosas, es que si partimos de la base de que la drogadependencia en particular y las adicciones en general son un tema de salud, es desde el Estado que se debe controlar la prestación de los servicios implicados en la problemática; porque más allá de la procedencia privada o estatal de las instituciones en cuestión, la salud es pública”, aclara la fundamentación del proyecto de ley elevado.
Y agrega “Este no es un tema menor, ya que particularmente en el campo de las adicciones el estado recurre por sus carencias, a instituciones privadas para hacerse cargo de la atención de aquellas personas que carecen de recursos, otorgando becas y subsidios”, enfatiza Puiggrós en los fundamentos.
“Por es por ello que -dice Puiggrós- que nuestra propuesta se funda en la necesidad de que exista un Registro Nacional, controlado por el Ministerio de Salud de la Nación, de carácter obligatorio y que abarque a las adicciones en general, sin restringirse solo al espectro de la drogadependencia. El Registro de carácter nacional que actualmente existe no es obligatorio, sólo lo es para aquellas instituciones que aspiran a ser prestadoras del Estado y tal cual esta planteado, está restringido a los casos drogadependencia; dejando así un amplio abanico de adicciones fuera de su alcance”.
“Por otra parte, si miramos de cerca ese Registro y observamos la presencia de las instituciones prestadoras del Estado Nacional, en forma pormenorizada por región y por provincia, nos encontramos con que se encuentran concentradas en el centro de nuestro país, dejando sin cobertura especializada a buena parte de los argentinos y argentinas”, puede leerse en el proyecto.
El proyecto que propone la creación Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones fue tratado el pasado jueves en la comisión de Prevención de las adicciones y control del narcotráfico, que preside el diputado Fabián Peralta (GEN).
La propuesta perteneciente a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós y que acompañan Adela Segarra, Mónica Damilano Grivarello y María Pilatti Vergara del Frente para la Victoria, establece en su artículo 1, crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El registro, según se establece en el proyecto de ley, tiene la función de “Llevar en forma actualizada el registro de instituciones Centros y Establecimientos dedicados al Diagnóstico, Deshabituación, Desintoxicación, Rehabilitación y Prevención de las adicciones, que hayan sido debidamente habilitadas para funcionar por las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus organismos competentes”.
También entre estas funciones figura la de “efectuar el contralor del cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley, imponiendo las sanciones que correspondan en razón del incumplimiento de la misma, las que serán establecidas por la Reglamentación” como además “efectuar la supervisión periódica de las entidades registradas para verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para su habilitación, según lo establezca la Reglamentación correspondiente a la presente Ley”.
El proyecto de Puiggrós estipula que otra de las tareas que deberá realizar es la de “efectuar un relevamiento de los recursos existentes en cada jurisdicción en materia de prevención y asistencia de las adicciones, a fin de articular y vehiculizar estrategias que alcancen las necesidades de todo el territorio nacional”, detalla.
Entre los objetivos de proyecto se plantea: "Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional; Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.
Por otra parte, también se tiene como fin “promover la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización; Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones y Asegurar la calidad de las prestaciones;
Del porqué de la creación de un Registro
El acceso a la salud entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad" es un derecho constitucional y por lo tanto su servicio es una atribución indelegable del Estado Nacional. Argentina considera el derecho a la salud como un bien jurídico social que está consagrado en Pactos y Tratados Internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En los fundamentos del proyecto de Puiggrós, se sostienen que “por estos motivos, el Estado debe garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y cuando hablamos de salud, estamos incluyendo, por supuesto, los problemas relacionados con las adicciones” y agrega que “es por ello que creemos en la necesidad de que sea el Ministerio de Salud de la Nación el que tenga a su cargo la registración, fiscalización y control de todas aquellas instituciones que se ocupen de la problemática de las adicciones, sean estas de gestión estatal o privada”.
Según los argumentos sostenidos en la fundamentación del Proyecto de Ley, en la actualidad “el organismo del Estado Nacional que tiene directa responsabilidad en esta temática es la SEDRONAR (Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Esta tiene a su cargo la conformación y actualización permanente de un registro de establecimientos e instituciones estatales y privadas, especializados en brindar orientación, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción familiar y social, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Todas las instituciones prestadoras deben ser regular y periódicamente supervisadas por los profesionales integrantes del Programa de Auditoria, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada, reciba el tratamiento indicado tal cual lo establecen las normativas vigentes. Cuando hablamos de instituciones estamos haciendo referencia a clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y hospitales de día y mediodía.
Puiggrós en su proyecto de ley, sostiene que “nos estamos refiriendo a clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas que si bien son privadas, están en condiciones para brindar asistencia a las personas que carecen de recursos, subsidiadas por el Estado. Esto no implica la posibilidad de que existan otro tipo de instituciones que desde el ámbito exclusivamente privado se dediquen al tratamiento de las adicciones”.
“El problema con el que nos enfrentamos tal cual están planteadas las cosas, es que si partimos de la base de que la drogadependencia en particular y las adicciones en general son un tema de salud, es desde el Estado que se debe controlar la prestación de los servicios implicados en la problemática; porque más allá de la procedencia privada o estatal de las instituciones en cuestión, la salud es pública”, aclara la fundamentación del proyecto de ley elevado.
Y agrega “Este no es un tema menor, ya que particularmente en el campo de las adicciones el estado recurre por sus carencias, a instituciones privadas para hacerse cargo de la atención de aquellas personas que carecen de recursos, otorgando becas y subsidios”, enfatiza Puiggrós en los fundamentos.
“Por es por ello que -dice Puiggrós- que nuestra propuesta se funda en la necesidad de que exista un Registro Nacional, controlado por el Ministerio de Salud de la Nación, de carácter obligatorio y que abarque a las adicciones en general, sin restringirse solo al espectro de la drogadependencia. El Registro de carácter nacional que actualmente existe no es obligatorio, sólo lo es para aquellas instituciones que aspiran a ser prestadoras del Estado y tal cual esta planteado, está restringido a los casos drogadependencia; dejando así un amplio abanico de adicciones fuera de su alcance”.
“Por otra parte, si miramos de cerca ese Registro y observamos la presencia de las instituciones prestadoras del Estado Nacional, en forma pormenorizada por región y por provincia, nos encontramos con que se encuentran concentradas en el centro de nuestro país, dejando sin cobertura especializada a buena parte de los argentinos y argentinas”, puede leerse en el proyecto.
Fuente: El Parlamentario
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