El narcotráfico siempre produce un impacto fuerte en la
sociedad. En principio entre los consumidores de drogas, sus primeras víctimas
directas.
El movimiento de sustancias ilegales provoca, incluso, un
costo económico en cada país. Y la
Argentina pierde más de mil millones de dólares al año por el
tráfico de cocaína y marihuana.
En esa cifra se ubican los gastos directos afrontados por el
gobierno nacional y las provincias para tratamientos de adictos, los
juzgamientos de los infractores a la ley de drogas y el mantenimiento de los
condenados, además de estimarse los costos de pérdida de productividad según
variables aceptadas internacionalmente.
La magnitud del costo asociado al uso de drogas ilegales
surge de un informe de la
Sedronar , que este año completó un análisis sobre la
situación local a partir de datos tomados en 2008/09.
Ese trabajo indica, además, que "las estimaciones
realizadas hasta la fecha en el país subestiman el impacto económico del
fenómeno de las drogas".
Australia, por ejemplo, analizó también variables inducidas
por muertes prematuras vinculadas con drogas y estableció que esa reducción
indirecta de recursos de la sociedad representaba similares valores a los
encontrados como costos directos.
Ya la pérdida de productividad de personas en tratamientos
por adicciones, ausencias laborales por consumo de drogas y detenidos por
infracciones a la ley de estupefacientes suma en la Argentina unos 600
millones de dólares, según el análisis de la Sedronar.
La inversión directa del Estado Nacional y de los gobiernos
provinciales es establecida en ese informe en unos 430 millones de dólares.
Cifra que es mayor aún, porque la investigación del organismo oficial contra
las drogas sólo pudo relevar datos de la mitad de las jurisdicciones argentinas.
En ese volumen de inversión directa contra la circulación de
las drogas el mayor peso está puesto en los gastos de los juzgados y de los
servicios penitenciarios, que insumen 235 millones de dólares para afrontar las
causas de estupefacientes, la mayoría por tenencia para consumo personal, y
mantener en prisión a los condenados por narcotráfico.
Ese impacto económico superior a los mil millones de dólares
al año es una muestra de los daños colaterales del tráfico de drogas ilegales.
Si se toman en cuenta el alcohol y el tabaco, las dos drogas de acceso
permitido, las cifras de costos suben en forma brusca.
El dato aportado por la Sedronar apuntó a un gasto social de 4441
millones de dólares al sumar todas las sustancias psicoactivas.
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