Sindicatos y empresas se comprometieron hoy a llevar acciones para
prevenir las adicciones que puedan tener los trabajadores, tales como al
tabaco, al alcohol o a las drogas, cuyo consumo pueda condicionar su
propia seguridad y la de sus compañeros dentro del ámbito laboral.
El compromiso se plasmó en 11 convenios firmados entre el Ministerio de
Trabajo de la Nación, los representantes sindicales y la Confederación
General Empresaria en un acto que se realizó en la sede de la cartera
laboral.
El ministro Carlos Tomada destacó que "el tratamiento
de estos temas, que era algo oculto, se da en un momento histórico para
la Argentina que nos permite dar un salto de calidad ya que la gente ha
perdido el miedo a quedarse sin trabajo".
"Esta salida del
infierno que hablaba Néstor Kirchner hizo que esto fuera posible, esta
forma de tratar el problema de las adicciones en el trabajo es propio de
una sociedad que crece y que madura", pecisó el ministro.
Tomada remarcó, además, que esta tarea "la efectuamos con el consenso de los trabajadores, los empresarios y los académicos.
Esto significa diálogo social y la mejora de la calidad institucional".
Por su parte, el subsecretario de Relaciones Laborales, Alvaro Ruiz,
dijo a Télam que mediante estos convenios los sindicatos y las empresas
se comprometen a desarrollar acciones para prevenir adicciones,
utilizando para ello tanto los programas que tiene el Ministerio de
Trabajo como el de Salud.
En este sentido explicó que "no
siempre el problema que presentan los trabajadores son iguales por lo
que los programas son muy variados, a veces no hay problemas dentro de
la empresa pero sí hay familiares que de alguna manera se vuelcan dentro
del ámbito laboral".
Ruiz aseguró,además, que "hay dos
importantes sectores de la industria que trabajan para renovar sus
antiguos convenios colectivos, y uno de los capítulos que se van a
incorporar en forma permanente será el de la prevención de las
adicciones".
"A veces no advertimos los problemas que pueden
causar el consumo excesivo de las drogas lícitas -tabaco o alcohol- ya
que entre la prevalencia de adicciones, estas son las más altas. Por
ejemplo en los accidentes de tránsito, donde vemos que en el 50% de los
más graves el alcohol es una de las causas".
La cartera laboral
comenzó a ocuparse más específicamente de este tema a partir de 2008
cuando creó la Coordinación de Políticas de Prevención de Adicciones y
del Consumo de Sustancias Psicotrópicas y Drogas con Impacto en el Mundo
del Trabajo.
Lucía García, a cargo de esa dependencia, dijo que
"una encuesta nacional sobre consumo de sustancias divulgada en el 2008
daba como resultado que el 50% de los afectados era la gente que
trabaja. A partir de allí quisimos saber como podíamos encarar este
problema".
"Advertimos que las adicciones en el mundo del
trabajo era un porblema que avanzaba cada vez más y pudimos advertirlo
con las inasistencias, en el denominado `Síndrome del día lunes`, donde
las faltas laborales aumentaban", destacó García.
La funcionaria
explicó que a través de estos programas "nadie quiere incidir en un
problema personal, pero cada trabajador debe ser conciente que cuando
está al frente de un puesto laboral tiene responsabilidades mayores y
tanto él como su familia y la empresa están afectados en forma directa o
indirecta, ya que no puede ponerse a pleno en su tarea laboral".
García destacó que "somos concientes que la persona es una sola, tanto
en su familia como en el trabajo, pero el Ministerio tiene que apoyarlo
porque su misión es cuidar las relaciones laborales y las condiciones de
trabajo".
Apuntó además que desde el Ministerio "también
pretendemos cambiar la forma en que se comunica este problema desde los
medios" y recalcó que este tipo de convenios "son nuevos y se llevan a
la negociación paritaria y también queremos que figuren en los convenios
colectivos".
Fuente: Terra Argentina
Nuestro fin es brindar información y asesoramiento integral sobre adicciones y drogas mdfacciuto@gmail.com
viernes, 23 de septiembre de 2011
viernes, 16 de septiembre de 2011
Proponen creación de Registro de Instituciones dedicadas a la rehabilitación y prevención de las adicciones
La Comisión de Prevención de
Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara aprobó el proyecto de
la diputada, Adriana Puiggrós (FpV), que propone la creación del
“Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos
dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación,
rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El proyecto que propone la creación Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones fue tratado el pasado jueves en la comisión de Prevención de las adicciones y control del narcotráfico, que preside el diputado Fabián Peralta (GEN).
La propuesta perteneciente a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós y que acompañan Adela Segarra, Mónica Damilano Grivarello y María Pilatti Vergara del Frente para la Victoria, establece en su artículo 1, crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El registro, según se establece en el proyecto de ley, tiene la función de “Llevar en forma actualizada el registro de instituciones Centros y Establecimientos dedicados al Diagnóstico, Deshabituación, Desintoxicación, Rehabilitación y Prevención de las adicciones, que hayan sido debidamente habilitadas para funcionar por las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus organismos competentes”.
También entre estas funciones figura la de “efectuar el contralor del cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley, imponiendo las sanciones que correspondan en razón del incumplimiento de la misma, las que serán establecidas por la Reglamentación” como además “efectuar la supervisión periódica de las entidades registradas para verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para su habilitación, según lo establezca la Reglamentación correspondiente a la presente Ley”.
El proyecto de Puiggrós estipula que otra de las tareas que deberá realizar es la de “efectuar un relevamiento de los recursos existentes en cada jurisdicción en materia de prevención y asistencia de las adicciones, a fin de articular y vehiculizar estrategias que alcancen las necesidades de todo el territorio nacional”, detalla.
Entre los objetivos de proyecto se plantea: "Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional; Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.
Por otra parte, también se tiene como fin “promover la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización; Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones y Asegurar la calidad de las prestaciones;
Del porqué de la creación de un Registro
El acceso a la salud entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad" es un derecho constitucional y por lo tanto su servicio es una atribución indelegable del Estado Nacional. Argentina considera el derecho a la salud como un bien jurídico social que está consagrado en Pactos y Tratados Internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En los fundamentos del proyecto de Puiggrós, se sostienen que “por estos motivos, el Estado debe garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y cuando hablamos de salud, estamos incluyendo, por supuesto, los problemas relacionados con las adicciones” y agrega que “es por ello que creemos en la necesidad de que sea el Ministerio de Salud de la Nación el que tenga a su cargo la registración, fiscalización y control de todas aquellas instituciones que se ocupen de la problemática de las adicciones, sean estas de gestión estatal o privada”.
Según los argumentos sostenidos en la fundamentación del Proyecto de Ley, en la actualidad “el organismo del Estado Nacional que tiene directa responsabilidad en esta temática es la SEDRONAR (Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Esta tiene a su cargo la conformación y actualización permanente de un registro de establecimientos e instituciones estatales y privadas, especializados en brindar orientación, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción familiar y social, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Todas las instituciones prestadoras deben ser regular y periódicamente supervisadas por los profesionales integrantes del Programa de Auditoria, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada, reciba el tratamiento indicado tal cual lo establecen las normativas vigentes. Cuando hablamos de instituciones estamos haciendo referencia a clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y hospitales de día y mediodía.
Puiggrós en su proyecto de ley, sostiene que “nos estamos refiriendo a clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas que si bien son privadas, están en condiciones para brindar asistencia a las personas que carecen de recursos, subsidiadas por el Estado. Esto no implica la posibilidad de que existan otro tipo de instituciones que desde el ámbito exclusivamente privado se dediquen al tratamiento de las adicciones”.
“El problema con el que nos enfrentamos tal cual están planteadas las cosas, es que si partimos de la base de que la drogadependencia en particular y las adicciones en general son un tema de salud, es desde el Estado que se debe controlar la prestación de los servicios implicados en la problemática; porque más allá de la procedencia privada o estatal de las instituciones en cuestión, la salud es pública”, aclara la fundamentación del proyecto de ley elevado.
Y agrega “Este no es un tema menor, ya que particularmente en el campo de las adicciones el estado recurre por sus carencias, a instituciones privadas para hacerse cargo de la atención de aquellas personas que carecen de recursos, otorgando becas y subsidios”, enfatiza Puiggrós en los fundamentos.
“Por es por ello que -dice Puiggrós- que nuestra propuesta se funda en la necesidad de que exista un Registro Nacional, controlado por el Ministerio de Salud de la Nación, de carácter obligatorio y que abarque a las adicciones en general, sin restringirse solo al espectro de la drogadependencia. El Registro de carácter nacional que actualmente existe no es obligatorio, sólo lo es para aquellas instituciones que aspiran a ser prestadoras del Estado y tal cual esta planteado, está restringido a los casos drogadependencia; dejando así un amplio abanico de adicciones fuera de su alcance”.
“Por otra parte, si miramos de cerca ese Registro y observamos la presencia de las instituciones prestadoras del Estado Nacional, en forma pormenorizada por región y por provincia, nos encontramos con que se encuentran concentradas en el centro de nuestro país, dejando sin cobertura especializada a buena parte de los argentinos y argentinas”, puede leerse en el proyecto.
El proyecto que propone la creación Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones fue tratado el pasado jueves en la comisión de Prevención de las adicciones y control del narcotráfico, que preside el diputado Fabián Peralta (GEN).
La propuesta perteneciente a la presidenta de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós y que acompañan Adela Segarra, Mónica Damilano Grivarello y María Pilatti Vergara del Frente para la Victoria, establece en su artículo 1, crear en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación el Registro Nacional de instituciones, centros y establecimientos dedicados al diagnóstico, deshabituación, desintoxicación, rehabilitación y prevención de las adicciones”.
El registro, según se establece en el proyecto de ley, tiene la función de “Llevar en forma actualizada el registro de instituciones Centros y Establecimientos dedicados al Diagnóstico, Deshabituación, Desintoxicación, Rehabilitación y Prevención de las adicciones, que hayan sido debidamente habilitadas para funcionar por las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de sus organismos competentes”.
También entre estas funciones figura la de “efectuar el contralor del cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley, imponiendo las sanciones que correspondan en razón del incumplimiento de la misma, las que serán establecidas por la Reglamentación” como además “efectuar la supervisión periódica de las entidades registradas para verificar el cumplimiento de las condiciones previstas para su habilitación, según lo establezca la Reglamentación correspondiente a la presente Ley”.
El proyecto de Puiggrós estipula que otra de las tareas que deberá realizar es la de “efectuar un relevamiento de los recursos existentes en cada jurisdicción en materia de prevención y asistencia de las adicciones, a fin de articular y vehiculizar estrategias que alcancen las necesidades de todo el territorio nacional”, detalla.
Entre los objetivos de proyecto se plantea: "Desarrollar un sistema público de asistencia universal y gratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional; Fortalecer y capacitar a los servicios de salud mental y centros de salud de carácter público, existentes en los ámbitos nacional, provincial y municipal, con el objeto de garantizar el acceso universal y gratuito a la salud, de las personas que demandan asistencia por padecer problemas de adicción.
Por otra parte, también se tiene como fin “promover la autonomía individual y la singularidad de las personas que demandan asistencia para el tratamiento de las adicciones, observando los derechos humanos fundamentales que los asisten y los principios y garantías constitucionales, evitando la estigmatización; Impulsar la investigación y la docencia en materia de adicciones y Asegurar la calidad de las prestaciones;
Del porqué de la creación de un Registro
El acceso a la salud entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad" es un derecho constitucional y por lo tanto su servicio es una atribución indelegable del Estado Nacional. Argentina considera el derecho a la salud como un bien jurídico social que está consagrado en Pactos y Tratados Internacionales, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En los fundamentos del proyecto de Puiggrós, se sostienen que “por estos motivos, el Estado debe garantizar el acceso universal y gratuito a la salud; y cuando hablamos de salud, estamos incluyendo, por supuesto, los problemas relacionados con las adicciones” y agrega que “es por ello que creemos en la necesidad de que sea el Ministerio de Salud de la Nación el que tenga a su cargo la registración, fiscalización y control de todas aquellas instituciones que se ocupen de la problemática de las adicciones, sean estas de gestión estatal o privada”.
Según los argumentos sostenidos en la fundamentación del Proyecto de Ley, en la actualidad “el organismo del Estado Nacional que tiene directa responsabilidad en esta temática es la SEDRONAR (Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico). Esta tiene a su cargo la conformación y actualización permanente de un registro de establecimientos e instituciones estatales y privadas, especializados en brindar orientación, diagnóstico, desintoxicación, deshabituación, rehabilitación y reinserción familiar y social, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas.
Todas las instituciones prestadoras deben ser regular y periódicamente supervisadas por los profesionales integrantes del Programa de Auditoria, de modo que cada persona que es derivada en calidad de subsidiada, reciba el tratamiento indicado tal cual lo establecen las normativas vigentes. Cuando hablamos de instituciones estamos haciendo referencia a clínicas psiquiátricas, comunidades terapéuticas y hospitales de día y mediodía.
Puiggrós en su proyecto de ley, sostiene que “nos estamos refiriendo a clínicas psiquiátricas y comunidades terapéuticas que si bien son privadas, están en condiciones para brindar asistencia a las personas que carecen de recursos, subsidiadas por el Estado. Esto no implica la posibilidad de que existan otro tipo de instituciones que desde el ámbito exclusivamente privado se dediquen al tratamiento de las adicciones”.
“El problema con el que nos enfrentamos tal cual están planteadas las cosas, es que si partimos de la base de que la drogadependencia en particular y las adicciones en general son un tema de salud, es desde el Estado que se debe controlar la prestación de los servicios implicados en la problemática; porque más allá de la procedencia privada o estatal de las instituciones en cuestión, la salud es pública”, aclara la fundamentación del proyecto de ley elevado.
Y agrega “Este no es un tema menor, ya que particularmente en el campo de las adicciones el estado recurre por sus carencias, a instituciones privadas para hacerse cargo de la atención de aquellas personas que carecen de recursos, otorgando becas y subsidios”, enfatiza Puiggrós en los fundamentos.
“Por es por ello que -dice Puiggrós- que nuestra propuesta se funda en la necesidad de que exista un Registro Nacional, controlado por el Ministerio de Salud de la Nación, de carácter obligatorio y que abarque a las adicciones en general, sin restringirse solo al espectro de la drogadependencia. El Registro de carácter nacional que actualmente existe no es obligatorio, sólo lo es para aquellas instituciones que aspiran a ser prestadoras del Estado y tal cual esta planteado, está restringido a los casos drogadependencia; dejando así un amplio abanico de adicciones fuera de su alcance”.
“Por otra parte, si miramos de cerca ese Registro y observamos la presencia de las instituciones prestadoras del Estado Nacional, en forma pormenorizada por región y por provincia, nos encontramos con que se encuentran concentradas en el centro de nuestro país, dejando sin cobertura especializada a buena parte de los argentinos y argentinas”, puede leerse en el proyecto.
Fuente: El Parlamentario
¿Qué es la SEDRONAR?
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) es el organismo responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones. Apoya su gestión sobre dos conceptos claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de drogas.
Reducción de la demanda de drogas
1. En materia de Prevención, diseña, ejecuta y supervisa programas y planes de carácter nacional, referentes a la prevención y la capacitación de agentes de la comunidad, en la temática del uso indebido de drogas y alcohol y sus consecuencias, en todo el ámbito del país, con el consenso y la cooperación y de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
2. En materia de Asistencia, procura facilitar la ayuda y rehabilitación de personas que abusan o dependen de drogas, y que, carentes de recursos adecuados, no podrían acceder al tratamiento o recuperación que merecen. Para ello dispone de un Centro de Consulta y Orientación, que no sólo asesora a quien lo solicite, sino que también otorga becas para tratamiento en instituciones registradas y supervisadas por la Secretaría, especializadas en adicciones.
Reducción de la oferta de drogas
3. En materia de Lucha contra el Narcotráfico, coordina en el ámbito nacional la información y las estrategias tendientes a detectar y desbaratar el comercio y distribución de drogas ilegales.
El decreto 1341/2002 Poder Ejecutivo Nacional, del 25 de julio de-2002 (Boletín Oficial del 26-jul-2002, número: 29949, página: 6), aprobó la estructura organizativa de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico.
El decreto 1256/2007 aprobó una nueva estructura organizativa.
Acerca del Observatorio Argentino de Drogas
El Observatorio tiene como función básica el estudio y evaluación de la problemática del uso indebido de las drogas y el tráfico de estupefacientes, mediante la coordinación, recolección y análisis de información, para ponerlo a disposición de las instituciones, profesionales que gestionan y/o trabajan en este campo y público interesado, los resultados de su actividad. El Observatorio supone también la existencia de un instrumento eficaz en la toma de decisiones por los responsables del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadicción y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, para una adecuada planificación y puesta en marcha de actuaciones en este campo.
Link: http://www.sedronar.gov.ar/Data/destacados.asp?t=37
Reducción de la demanda de drogas
1. En materia de Prevención, diseña, ejecuta y supervisa programas y planes de carácter nacional, referentes a la prevención y la capacitación de agentes de la comunidad, en la temática del uso indebido de drogas y alcohol y sus consecuencias, en todo el ámbito del país, con el consenso y la cooperación y de organismos gubernamentales y no gubernamentales.
2. En materia de Asistencia, procura facilitar la ayuda y rehabilitación de personas que abusan o dependen de drogas, y que, carentes de recursos adecuados, no podrían acceder al tratamiento o recuperación que merecen. Para ello dispone de un Centro de Consulta y Orientación, que no sólo asesora a quien lo solicite, sino que también otorga becas para tratamiento en instituciones registradas y supervisadas por la Secretaría, especializadas en adicciones.
Reducción de la oferta de drogas
3. En materia de Lucha contra el Narcotráfico, coordina en el ámbito nacional la información y las estrategias tendientes a detectar y desbaratar el comercio y distribución de drogas ilegales.
El decreto 1341/2002 Poder Ejecutivo Nacional, del 25 de julio de-2002 (Boletín Oficial del 26-jul-2002, número: 29949, página: 6), aprobó la estructura organizativa de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico.
El decreto 1256/2007 aprobó una nueva estructura organizativa.
Acerca del Observatorio Argentino de Drogas
El Observatorio tiene como función básica el estudio y evaluación de la problemática del uso indebido de las drogas y el tráfico de estupefacientes, mediante la coordinación, recolección y análisis de información, para ponerlo a disposición de las instituciones, profesionales que gestionan y/o trabajan en este campo y público interesado, los resultados de su actividad. El Observatorio supone también la existencia de un instrumento eficaz en la toma de decisiones por los responsables del Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadicción y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, para una adecuada planificación y puesta en marcha de actuaciones en este campo.
Link: http://www.sedronar.gov.ar/Data/destacados.asp?t=37
miércoles, 14 de septiembre de 2011
Adictos a drogas inyectables son mas propensos a contraer VIH
En países como Argentina, Brasil y México, las personas que consumen drogas inyectables constituyen el grupo más afectado por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en razón de cinco infectados por cada 100 consumidores de este tipo de sustancias.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, Philippe Lamy expuso que de 210 millones de usuarios de drogas, mueren 200 mil al año, además de los padecimientos que sufren los consumidores de sustancias ilícitas.
Apuntó que solo en América Latina, murieron en el 2009 un total de 37 mil personas, pero que 5.6 millones sufrieron trastornos derivados del consumo de drogas, por lo que el problema del consumo de drogas representa un costo económico alto para los países y una pérdida de productividad.
César Núñez, director del equipo de apoyo regional para América Latina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), dijo que este organismo pone énfasis en la problemática mundial de las drogas inyectables, como medio para la transmisión del VIH.
Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIhD) llamó a los gobiernos del hemisferio a "entender que los paradigmas sobre el control de drogas se están derrumbando", y dejar de insistir en políticas contra las drogas ajenas a las necesidades de las naciones Latinoamericanas.
El representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en México, Philippe Lamy expuso que de 210 millones de usuarios de drogas, mueren 200 mil al año, además de los padecimientos que sufren los consumidores de sustancias ilícitas.
Apuntó que solo en América Latina, murieron en el 2009 un total de 37 mil personas, pero que 5.6 millones sufrieron trastornos derivados del consumo de drogas, por lo que el problema del consumo de drogas representa un costo económico alto para los países y una pérdida de productividad.
César Núñez, director del equipo de apoyo regional para América Latina del Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el Sida (ONUSIDA), dijo que este organismo pone énfasis en la problemática mundial de las drogas inyectables, como medio para la transmisión del VIH.
Jorge Hernández Tinajero, presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CuPIhD) llamó a los gobiernos del hemisferio a "entender que los paradigmas sobre el control de drogas se están derrumbando", y dejar de insistir en políticas contra las drogas ajenas a las necesidades de las naciones Latinoamericanas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)