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jueves, 18 de agosto de 2011
Reformas que introduce la nueva Ley de Salud Mental al Código Civil Argentino
Capítulo XII
Disposiciones complementarias
ARTICULO 42. — Incorpórase como artículo 152 ter del Código Civil:
Artículo 152 ter:Las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias. No podrán extenderse por más de TRES (3) años y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible.
ARTICULO 43. — Sustitúyese el artículo 482 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 482: No podrá ser privado de su libertad personal el declarado incapaz por causa de enfermedad mental o adicciones, salvo en los casos de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, quien deberá ser debidamente evaluado por un equipo interdisciplinario del servicio asistencial con posterior aprobación y control judicial.
Las autoridades públicas deberán disponer el traslado a un establecimiento de salud para su evaluación a las personas que por padecer enfermedades mentales o adicciones se encuentren en riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
A pedido de las personas enumeradas en el artículo 144 el juez podrá, previa información sumaria, disponer la evaluación de un equipo interdisciplinario de salud para las personas que se encuentren afectadas de enfermedades mentales y adicciones, que requieran asistencia en establecimientos adecuados aunque no justifiquen la declaración de incapacidad o inhabilidad.
ARTICULO 44. — Derógase la Ley 22.914
miércoles, 17 de agosto de 2011
Naciones Unidas pide enfocarse en tratamiento y prevención de drogas sintéticas
Luego de la presentación del Informe Mundial sobre las Drogas de la ONUDD, el representante regional del organismo recordó que Estados Unidos sigue siendo "el principal mercado para la cocaína" en el mundo.
"Estamos hablando en EE.UU. de un consumo de unas 157 toneladas al año con un valor de unos 34.000 millones de dólares", indicó.
La tendencia en ese país, afirmó, es hacia "una disminución constante del consumo de cocaína" y un "aumento importante de los opiáceos sintéticos".
Tal tendencia está acompañada por más muertes por intoxicación con sustancias químicas, ya que 11.000 de los 28.000 decesos registrados por consumo de drogas en Norteamérica en 2006 ocurrieron por consumo de "productos farmacéuticos", precisó.
El gran cambio en ciernes, según el representante de la ONUDD, estriba en que "los productos sintéticos se pueden producir en cualquier lado si hay acceso a los precursores químicos y a las sustancias básicas".
Otro cambio que demanda el alto funcionario de la ONU es el de tratar de romper el círculo vicioso que conduce a los detenidos por delitos menores de tráfico de drogas a las cárceles.
Ahora el pequeño consumidor de drogas suele ser arrestado e ir a la cárcel, donde se transforma en criminal y empeora "su situación de adicción".
Los Gobiernos deberían trabajar más en "una política carcelaria mucho más equilibrada" para que en las prisiones estén "de verdad los que son peligrosos para la sociedad", especialmente en países como los centroamericanos.
Si parte de los fondos dedicados a centros penitenciarios fuera a "tratamiento, rehabilitación, respuesta social", se generaría "una cultura de prevención a nivel comunitario mucho más eficaz" de la que ahora existe en muchos países, concluyó.
Fuente: Siglo 21 de Guatemala
26 de Junio "Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas"
El tráfico de drogas, que se consideró principalmente un problema social y penal, se ha transformado en los últimos años en una importante amenaza para la salud y la seguridad de pueblos y regiones. El mercado anual de opiáceos afganos, que asciende a 61.000 millones de dólares anuales, está financiando la insurgencia, el terrorismo internacional y una mayor desestabilización. En África Occidental, el comercio mundial de cocaína, con un valor de 85.000 millones de dólares, está aumentando la adición y el blanqueo de dinero, al tiempo que fomenta la inestabilidad política y las amenazas a la seguridad. Cada 1.000 millones de dólares de cocaína pura con la que se trafica en África Occidental obtienen más de diez veces más cuando se venden en las calles de Europa.
Como la amenaza es tan urgente, recientemente he establecido un Equipo de Tareas para elaborar una estrategia en todo el sistema de las Naciones Unidas para coordinar y fortalecer nuestra respuesta a las drogas ilícitas y la delincuencia organizada incorporándola en todas las actividades de las Naciones Unidas relativas al mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la seguridad, el desarrollo y el desarme. De esta manera, las Naciones Unidas pueden integrar la lucha contra el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada en el programa mundial de seguridad y desarrollo.
La conmemoración de este año del Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas ofrece una oportunidad para destacar la importancia de hacer frente a esa doble amenaza mediante el estado de derecho y la prestación de servicios de salud. Nuestra conmemoración coincide con el quincuagésimo aniversario de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.
Esa Convención, y los demás tratados internacionales principales sobre la fiscalización de drogas, hacen algo más que ayudarnos en la lucha contra el tráfico de drogas; protegen a las personas vulnerables mediante una amplia gama de actividades con las que se comprometen los Estados partes, entre ellas la educación y prevención, el tratamiento de la farmacodependencia, los cuidados y rehabilitación de los usuarios de drogas y el apoyo social.
Esas medidas son críticas, porque el uso de drogas es, fundamentalmente, un problema de salud. La farmacodependencia es una enfermedad, no un delito, los verdaderos delincuentes son los traficantes de drogas.
Sin embargo, la oferta es solamente la mitad de la ecuación. A menos que reduzcamos la demanda de drogas ilícitas nunca podremos abordar plenamente el cultivo, la producción o el tráfico.
Los gobiernos tienen la responsabilidad de contrarrestar el tráfico de drogas y el uso indebido de drogas, pero las comunidades también pueden hacer una contribución importante. Las familias, las escuelas, la sociedad civil y las organizaciones religiosas pueden hacer su parte para librar de drogas a sus comunidades. Las empresas pueden ayudar a proporcionar medios legítimos para ganarse la vida. Los medios de comunicación pueden aumentar la conciencia sobre los peligros de los estupefacientes.
Podremos tener éxito si reforzamos nuestro compromiso con los principios básicos de la salud y los derechos humanos, la responsabilidad compartida, un enfoque equilibrado para reducir la oferta y la demanda, y el acceso universal a la prevención, el tratamiento y el apoyo. Esto fomentará comunidades libres de delitos y violencia relacionados con las drogas, personas libres de la dependencia de las drogas que puedan contribuir a nuestro futuro común, y un mundo más seguro para todos.
lunes, 15 de agosto de 2011
Un problema de salud mental
“La penalización del consumidor condujo a un atraso de décadas en el tratamiento de las adicciones”, sostiene Juan Sylvestre Begnis, asesor del Ministerio de Salud en Salud Mental, Adicciones y Salud Penitenciaria. Este atraso se manifestaría en “la falta de servicios adecuados y la carencia de suficientes profesionales entrenados en el tema”. La nueva estrategia procuraría minimizar las internaciones, “que marginan a las personas de los núcleos sociales donde podrían ser contenidas” y subrayarían “el trabajo sobre el entorno social y familiar de los pacientes”. Para lograrlo, se plantean: la instauración de “servicios de salud mental y adicciones” como superación de los servicios limitados a la psiquiatría; la capacitación de los profesionales de los centros de atención primaria, para que puedan atender los casos menos complicados, y la instauración de “centros de día” especializados en adicciones. Este esquema debiera poder aplicarse en todas las provincias antes de fin de año, para lo cual se proyectan acuerdos a nivel de las distintas legislaturas y financiación desde la Jefatura de Gabinete.
–La anterior estrategia, que consistía en perseguir al consumidor, condujo a un atraso de 20 años en el tratamiento de las adicciones. El enfoque actual se basa en un par de decisiones políticas centrales. La primera, como corresponde, es que la responsabilidad sanitaria sobre las personas con consumos adictivos se asigne al sistema de salud; que deje de ser considerada en términos de un sistema jurídico policial y que toda la fuerza de la Justicia y de la policía se dedique a enfrentar el narcotráfico, como ya lo han venido haciendo otros países. La otra es, dentro de la salud, ubicar las adicciones en el capítulo de salud mental –afirmó Sylvestre Begnis.
–¿Cómo se proyecta implementar estas políticas?
–La Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, de reciente creación, está elaborando el plan: será concretado en un proyecto, con un presupuesto específico, que se presentará a la Jefatura de Gabinete. Esta se hará cargo de su financiación para el semestre que resta de este año; desde 2011, este presupuesto se incluirá en el Presupuesto de la Nación.
–¿Cuál es la óptica respecto de la internación en materia de adicciones?
–Se ha abusado de las internaciones. La experiencia recogida en distintos países es que la internación margina a la persona de la familia y de los núcleos sociales donde, en colaboración con la labor profesional, podría ser contenido y nutrirse. Es preferible no internar al paciente, porque, sobre todo cuando las internaciones se hacen largas, se hace muy difícil la reinserción social y familiar. Por supuesto, una persona con coma alcohólico necesita, para desintoxicarse, una internación, que no tiene por qué durar más que uno o dos días.
–Sería una internación por razones de su estado clínico, más bien que para resolver la adicción.
–Sí. Es claro que el tratamiento ambulatorio requiere además el estudio del ámbito social, económico, familiar, del paciente. Si no se estudia ni se trabaja con el medio en el que el paciente se desenvuelve, el riesgo de que recaiga o agrave el consumo es muy alto.
–¿Qué dispositivos se plantean para este criterio de abordaje?
–El gran desafío es lograr, con la mayor velocidad, la implementación en los hospitales públicos de servicios, que reflejen las actuales políticas en salud mental y en drogas. Se trata de que no sean “servicios de psiquiatría”, sino, mejor, servicios de salud mental y adicciones. Por lo demás, gran parte de la tarea debe correr por cuenta de los centros de atención primaria, para lo cual hay que capacitar a los médicos y enfermeras generalistas en el tema drogas. No tenemos todavía recursos humanos en cantidad suficiente. Pero es muy importante que en las “salitas” de los barrios se puedan manejar problemas menores, también en este campo, sin necesidad de que todo se derive al servicio especializado. Hay 6600 centros de atención primaria en la Argentina. También nos planteamos el alquiler de casas para centros de día en prevención y tratamiento de adicciones.
–¿Cómo se implementarían estos propósitos, tomando en cuenta que las decisiones sobre salud están descentralizadas en las provincias?
–Hacen falta acuerdos con las provincias y también transferir recursos para potenciar los presupuestos. Es necesario que el programa llegue a todas las provincias, de ser posible antes de fin de año. El próximo 4 de junio se reúne el Cofelesa (Consejo Federal Legislativo de Salud), que abarca a las comisiones de salud de todas las legislaturas: debería promover leyes congruentes con la política que nos involucra. Es importante homogeneizar el marco jurídico de las provincias y la Nación, y en el Cofelesa propondremos que los legisladores presenten, en cada provincia, proyectos de adhesión a la ley nacional, o que desarrollen leyes propias en este marco.
–¿Qué lugar tendría en este proyecto la reducción de daños?
–Es una estrategia que no vamos a eludir. Afortunadamente, en la Argentina no tenemos problemas graves de consumo de heroína, que, en varios países de Europa, llevaron a instalar salas donde las personas puedan recibir inyecciones de droga bajo condiciones controladas, que eviten mayores daños. Pero en todo caso procuraremos respetar a las personas en sus deseos y en su derecho a decidir, sin perjuicio de proponerles los tratamientos que puedan preservar su vida.
Fuente: Página 12